La Ley 15.252, sancionada en 2025, establece la posibilidad de que jubilados y pensionistas del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) cambien libremente de banco para recibir sus beneficios. Esta medida, que comienza a generar efectos en 2026, debe alterar la dinámica del mercado financiero orientado al público previsional en todo Brasil.
Mientras tanto, el Consejo Monetario Nacional (CMN) tiene la responsabilidad de regular esta portabilidad hasta abril, anticipando el plazo legal de 180 días previsto para mayo. La definición de los criterios será decisiva para determinar qué instituciones podrán participar en la competencia por estos clientes, especialmente ante la fuerte cartera de beneficios administrada por el INSS, estimada en R$ 466 mil millones acumulados en los últimos cinco años.
Actualmente, solo los bancos tradicionales con presencia física autorizados por el INSS pueden recibir la portabilidad de estos pagos, lo que limita la entrada de bancos digitales que operan 100% en línea. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda propone ampliar este escenario, autorizando a instituciones sin agencias físicas a prestar este servicio, lo que podría provocar cambios significativos en el sector.
Este cambio, sin embargo, genera preocupaciones del Ministerio de la Previsión y del propio INSS, que temen que una mayor apertura pueda comprometer la fiscalización y aumentar los riesgos de fraudes. En el primer cuatrimestre de 2025, se registraron más de 35 mil denuncias de irregularidades relacionadas con beneficios previsionales, lo que incrementa la sensibilidad del tema para los organismos reguladores.
Además, la llamada subasta de la nómina de pagos, que actualmente genera ingresos billonarios para el gobierno, podría verse afectada. Esto se debe a que si los bancos digitales pueden operar sin vínculo directo con el INSS y sin cumplir reglas como el mantenimiento de agencias y atención presencial, podría reducirse el interés por participar en estas subastas, alterando la estructura financiera del mercado.
El Agibank, institución que abrió capital en la Bolsa de Nueva York (Nyse) en febrero de este año y cuyas acciones cayeron más de un 30%, ya ha manifestado expectativa por la mantenimiento de criterios mínimos para presencia física. Se cree que la continuidad de estas exigencias restringirá la actuación de bancos exclusivamente digitales, limitando, sin embargo, el potencial de crecimiento de esta modalidad en el mercado de beneficios.
Finalmente, la regulación en curso debe aclarar las condiciones para que bancos digitales reciban los beneficios sin contratos directos con el INSS, aspecto que aún provoca debate entre agentes económicos y reguladores. La conclusión del proceso depende de la deliberación del CMN, que debe establecer las reglas finales de la portabilidad y definir la elegibilidad de las instituciones financieras en los próximos días.
Contexto y Reacciones del Mercado Financiero y Reguladores
BTG Pactual evaluó que la probabilidad de que la propuesta de cambio en la portabilidad del INSS avance en el formato actual es baja. Un banco consultado por BTG, que prefirió no identificarse, destacó dificultades prácticas para la implementación del nuevo modelo, especialmente en relación con la retirada presencial de los beneficios en efectivo, aún común entre muchos jubilados.
El Banco Central (BC) aún no ha divulgado una posición oficial sobre las modificaciones, pero el presidente de la institución, Gabriel Galípolo, ha señalado la necesidad de diálogo con los tribunales económicos nacionales para un entendimiento armonizado. Además, Galípolo confirmó reuniones con el ministro Alexandre de Moraes para tratar asuntos regulatorios y exigió al Congreso la aprobación de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que define nuevas atribuciones para el BC durante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Crimen Organizado.
El Ministerio de Hacienda defiende que la apertura de la portabilidad ampliaría la competencia en el sector financiero, lo que podría llevar a una reducción de costos regulatorios para los bancos y menor participación en subastas de beneficios. Por otro lado, el Ministerio de la Previsión y el propio INSS alertan sobre el aumento del riesgo de fraudes a los beneficiarios, especialmente ante la mayor exposición proporcionada por un modelo más flexible.
En general, el modelo actual exige la presencia física de los jubilados en las agencias debido a la retirada presencial del beneficio, dificultando una transición rápida hacia la portabilidad digital. Además, existe preocupación de que el cambio excluya a jubilados con dificultades en el acceso a la tecnología, un punto sensible citado por especialistas del sector.
Fintechs como Nubank y PagBank surgen como potenciales competidores, apostando por operaciones totalmente digitales. Esto incentiva la innovación y la autorregulación, lo que ha contribuido a la reducción de prácticas abusivas en el mercado. No obstante, el sector financiero tradicional sigue atentamente las posibles consecuencias para sus negocios, ya que la modificación podría impactar miles de millones de reales en ingresos y el funcionamiento de las subastas de beneficios.
Según un reportaje de Valor Econômico, el Consejo Monetario Nacional (CMN) debe tratar la regulación del tema todavía en abril de 2026, posiblemente antes del plazo máximo de 180 días previsto en la Ley 15.252/25. La Ley 15.358/2026 también refuerza la obligación de las instituciones financieras en la lucha contra el crimen organizado, lo que añade una capa regulatoria esencial para el sector durante esta transición.
