En 2025, el presidente de los Estados Unidos concedió indulto a Changpeng Zhao, fundador de Binance, tras su admisión de fallas en la prevención de lavado de dinero en la plataforma. Esa decisión marcó un momento importante en el escenario regulatorio de las criptomonedas y reflejó las dificultades para lidiar con prácticas ilícitas en el sector.
Además, en agosto de 2025, Paul Atkins asumió la presidencia de la Securities and Exchange Commission (SEC), presentando un nuevo modelo para la evaluación de los criptoactivos. El enfoque de Atkins prioriza la realidad económica de las operaciones sobre la nomenclatura legal tradicional, lo que representa un cambio significativo en la forma de clasificar los activos digitales.
En febrero del mismo año, la comisionada de la SEC, Hester Peirce, hizo públicas las 10 prioridades del Crypto Task Force, grupo creado para mejorar la supervisión del mercado cripto. Las iniciativas incluyeron exenciones específicas para monedas meme, minería y stablecoins respaldadas en dólares, alejando estos segmentos de la regulación federal como valores mobiliarios.
Por otro lado, en enero de 2026, senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley inspirado en la Clarity Act, aprobada por la Cámara en 2025. La propuesta sugería el reparto de la jurisdicción regulatoria entre la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), buscando conferir mayor claridad sobre las competencias de cada organismo.
Sin embargo, la tramitación de la legislación enfrentó retrasos debido a un desacuerdo sobre la inclusión del pago de intereses en stablecoins, lo que podría impactar al sector bancario. De este modo, el debate sobre el tema fue aplazado, con previsión de retomarse entre marzo y agosto de 2026.
En términos generales, durante 2025, la SEC promovió audiencias públicas y recibió contribuciones para análisis de aspectos técnicos y políticos de la regulación cripto. Este proceso refuerza la intención de buscar un equilibrio entre supervisión eficaz y fomento a la innovación en el entorno digital.
Marco regulatorio de criptomonedas en el Reino Unido
El 15 de diciembre de 2025, el gobierno del Reino Unido presentó un proyecto de ley para implementar un sistema regulatorio específico para el sector de criptomonedas. La legislación está programada para aplicarse a partir del 25 de octubre de 2027. Bajo este nuevo marco, la Financial Conduct Authority (FCA) asumirá la responsabilidad de supervisar las operaciones relacionadas con criptoactivos en el país.
El texto legal abarca reglas para diversas actividades, incluyendo la emisión de stablecoins, el funcionamiento de plataformas de negociación, la mediación de negocios y la custodia de activos digitales. Además, el proyecto prevé restricciones directas a la publicidad de inversiones en criptomonedas y a las prácticas de mercado, buscando mayor transparencia para los consumidores. De esta forma, se espera establecer estándares que guíen la actuación de las empresas del sector.
En 2025, el FCA realizó consultas públicas en los meses de mayo y septiembre para recopilar contribuciones sobre el nuevo reglamento. Posteriormente, nuevas consultas se llevaron a cabo en diciembre de 2025 y enero de 2026, como parte del proceso de mejora de las normas. Aún este año, la autoridad aclarará las reglas finales que regirán el mercado cripto en el Reino Unido.
A partir de la oficialización del régimen, las compañías del ramo podrán solicitar al FCA la autorización para operar dentro de los requisitos establecidos. El Parlamento británico también reconoció formalmente los derechos legales sobre activos digitales, con el objetivo de favorecer startups y empresas fintech que actúan en el sector. Esta medida busca ofrecer seguridad jurídica para los inversores y para las organizaciones del país.
El desarrollo de la regulación ocurre en medio de un conjunto de reformas estructurales enfocadas en fortalecer el entorno financiero y tecnológico del Reino Unido. Finalmente, la conclusión del proceso depende de la publicación final de las normas por parte del FCA, prevista para 2026, y de las etapas subsecuentes de análisis y autorización de las empresas interesadas en operar bajo el nuevo parámetro legal.
