El 1 de abril de 2025, el gobierno australiano aprobó el Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025, estableciendo reglas más estrictas para el funcionamiento de las plataformas de criptoactivos. A partir de entonces, las empresas que operan en el sector deberán obtener la Australian Financial Services License (AFSL) para operar legalmente.
Las nuevas normas determinan que estas plataformas adopten estándares de custodia equivalentes a los bancarios y mantengan niveles adecuados de solvencia y capital. Sin embargo, las compañías más pequeñas que realizan menos de A$5.000 en movimientos por cliente y registran hasta A$10 millones en transacciones anuales quedan exentas de la licencia plena.
El plazo para la adaptación de las reglas es de hasta un año después de la sanción de las leyes, con un período complementario de hasta 18 meses para que las empresas ya en operación se adecuen. Además, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) recibió ampliación de su autoridad para fiscalizar, definir estándares y aplicar sanciones civiles en casos de incumplimiento.
Las plataformas pasarán a ser clasificadas en dos categorías regulatorias: Digital Asset Platforms (DAPs) y Tokenized Custody Platforms (TCPs). Ambas son reconocidas como productos financieros según el Corporations Act 2001 y deben cumplir obligaciones generales, como la segregación de los activos de los clientes y la divulgación de información esencial.
Los consumidores tendrán soporte para resolución de conflictos a través de la Australian Financial Complaints Authority (AFCA), ampliando la protección al usuario. De esta forma, la legislación sustituye el registro superficial anterior e instituye un sistema de licenciamiento obligatorio, enfocado especialmente en la capitalización y seguridad de los inversores.
Antes de la promulgación, las exchanges de cripto solo se registraban en la AUSTRAC para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mientras muchas operaban sin una supervisión robusta. Con esto, la nueva ley busca evitar situaciones como el colapso de FTX, exigiendo medidas concretas de gestión de riesgo y capital.
Estas exigencias terminan elevando los costos de cumplimiento, lo que puede acelerar la consolidación de actores menores en el mercado. Para continuar operando, las empresas deben actualizar sus soluciones de custodia y nombrar gestores responsables hasta mediados de 2027, atendiendo a requisitos que van más allá del alcance anterior.
Contexto Internacional y Comparaciones Regulatorias
La legislación australiana que regula plataformas de criptomonedas inserta estos activos en el sistema financiero tradicional mediante la exigencia de la Australian Financial Services Licence (AFSL). De esta forma, el país opta por adaptar un régimen ya establecido en lugar de crear una estructura específica, a diferencia de la Unión Europea, que implementará el Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) en 2025, con un sistema propio de licenciamiento para los Crypto-Asset Service Providers (CASPs).
Mientras la UE adopta una regulación específica y unificada para cripto, Australia utiliza su marco financiero tradicional de modo que hace las reglas para el sector de activos digitales más integradas y alineadas a los estándares ya existentes. Por otro lado, Estados Unidos presenta un modelo fragmentado, sin una licencia federal única, basándose en normas de la Securities and Exchange Commission (SEC) y de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), además de licencias estatales y acciones judiciales frecuentes, lo que crea un escenario regulatorio menos uniforme.
Singapur, por su parte, sigue con la Payment Services Act para regular servicios relativos a tokens digitales, adoptando prácticas similares a las australianas en relación con la prevención del lavado de dinero (AML) y gestión de riesgos. Sin embargo, las exigencias prudenciales para operadores de menor tamaño son menos rigurosas, lo que acerca el enfoque del país asiático a la proporcionalidad vista en las excepciones australianas para microplataformas.
De modo general, Australia se posiciona al lado de regímenes como el Financial Services and Markets Act (FSMA) del Reino Unido, evitando prohibiciones totales presentes en algunas jurisdicciones asiáticas. Además, la nueva legislación refuerza la transparencia y la certificación de las plataformas, con exigencias más rigurosas respecto a la custodia y capital mínimo, que son más elevadas que en muchos mercados internacionales menores.
Las reglas determinadas por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) fortalecen la gobernanza y la gestión de riesgos para las plataformas que actúan en el mercado de criptoactivos, previendo sanciones civiles para casos de incumplimiento. Este modelo busca ofrecer mayor seguridad jurídica, trayendo mayor previsibilidad para los operadores locales, especialmente si se compara con el mercado de Estados Unidos.
Por último, cabe destacar que Australia no prevé un sistema de pasaporte regulatorio para la libre circulación de los servicios cripto, como ocurre en la Unión Europea. Estas reglas tienen un impacto directo sobre el sector tecnológico y financiero australiano, influyendo en las operaciones y la innovación. Con el tratamiento de la criptomoneda como activo financiero, el país puede afectar la inversión y la distribución local de tokens, reflejando estándares alineados a recomendaciones internacionales para el sistema financiero.
