Entre 2019 y 2025, la productividad del trabajo en Brasil presentó un crecimiento anual promedio del 0,6%, según datos divulgados por el Banco Central (BC) en el informe de política monetaria de abril de 2024. La agropecuaria fue el principal sector que contribuyó a este avance, mientras que otros segmentos registraron variaciones modestas o incluso negativas en el mismo período.
Sin embargo, el BC destacó que la baja evolución de la productividad restringe la posibilidad de reducción efectiva en los costos del trabajo. De esta forma, el tema ganó relevancia en el contexto de las discusiones para las elecciones presidenciales de 2024, especialmente debido a la propuesta para disminuir la jornada semanal de 44 a 40 horas, manteniendo el salario mensual.
La Confederación Nacional de la Industria (CNI) evaluó que la reducción de la jornada, sin ajuste salarial, podría provocar una contracción del 0,7% en el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, lo que corresponde a cerca de R$ 76,9 mil millones. La estimación se basa en el aumento del valor de la hora trabajada, ya que hay mantenimiento del sueldo mensual a pesar de la disminución del tiempo laborado.
Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, confirmó que la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que busca extinguir la escala de trabajo 6×1 será analizada en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) la próxima semana, con previsión de votación en plenaria hasta mayo de 2024. La escalada del debate refleja la movilización social, inclusive con fuerte adhesión en las redes, y la actuación de parlamentarios en proyectos legislativos.
El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, informó que algunas organizaciones ya han reducido voluntariamente la jornada de trabajo como anticipación del debate público. De acuerdo con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, el gobierno pretende enviar un proyecto de ley para establecer el límite de 40 horas semanales sin disminución salarial.
Boulos agregó que el texto final del proyecto debe ser concluido en reuniones programadas para los próximos días. La propuesta, sin embargo, encuentra resistencia en el sector productivo, que señala aumento de los costos operativos y posibilidad de traslado a los precios finales de los productos como consecuencias del cambio en la norma laboral.
El CEO de Avante Assessoria Empresarial, Benito Pedro Vieira Santos, resaltó que sectores que requieren operaciones continuas, como industria, logística y comercio minorista, podrán enfrentar impactos significativos con la alteración del régimen de trabajo. También destacó que estos cambios pueden repercutir en la cadena de proveedores y clientes, ampliando los efectos económicos.
En el escenario actual, la escala 6×1 ha sido objeto de protestas y movilizaciones, lo que impulsó el avance de iniciativas en el Congreso Nacional en 2024. En contraste, especialistas advierten que la reducción de la carga horaria sin ganancias de productividad puede presionar los márgenes empresariales y elevar precios, dependiendo de otros factores económicos.
Richard Domingos, director de Confirp Contabilidad, observó que el momento está marcado por niveles históricamente bajos de desempleo y dificultades en las contrataciones, lo que contribuye a un debate más intenso sobre el ajuste de la jornada laboral en el país. Así, el tema debe continuar en el centro de las discusiones políticas y económicas en las próximas semanas.
