El presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, participó en una audiencia en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Crimen Organizado el 8 de junio de 2024, defendiendo la aprobación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 65/2023. La propuesta busca conceder autonomía financiera, presupuestaria y administrativa al Banco Central, permitiendo que la institución administre sus recursos y contrataciones sin necesidad de aval previo del gobierno federal.
La PEC 65/2023 fue elaborada por el senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) y cuenta con el respaldo del presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Unión Brasil-AP). El informe está bajo la responsabilidad del senador Plínio Valério (PSDB-AM). Se espera que la votación de la propuesta ocurra en el pleno del Senado la semana siguiente a la audiencia de Galípolo, lo que demostraría un avance importante en el proceso de concesión de autonomía a la autoridad monetaria.
Sin embargo, el mismo día que Galípolo declaró ante la CPI, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Pedro Uczai (SC), manifestó oposición a la PEC al defender un proyecto que prevé mayor control externo sobre el Banco Central. Para Uczai, el foco debe ser la alineación del órgano con los valores de la democracia y de la política económica nacional, garantizando que el Banco Central esté subordinado a mecanismos de fiscalización compatibles con esos principios.
Pedro Uczai resaltó que el mandato del presidente del Banco Central debería coincidir con el mandato del jefe del Ejecutivo Federal, para asegurar una gestión coordinada y, según él, evitar desviaciones vinculadas a la autonomía plena. Además, el líder petista criticó acciones recientes de la autoridad monetaria, argumentando que algunas medidas contribuyeron a la ocurrencia de escándalos financieros, como el caso del Banco Master, un episodio emblemático de riesgo sistémico.
Por su parte, Gabriel Galípolo afirmó que el Banco Central no desea evadir la responsabilidad de rendir cuentas al Legislativo y a la sociedad. Sin embargo, resaltó la importancia del aumento de las instancias de control y fiscalización que no comprometan la independencia del banco en la formulación y ejecución de políticas monetarias. Según Galípolo, la autonomía debe ser entendida como una condición para mejorar la gobernanza y la eficiencia de la institución.
Las divergencias entre la coalición gubernamental y la oposición han acentuado el debate sobre el modelo ideal para la gobernanza del Banco Central. Mientras para Galípolo la autonomía total corresponde al fortalecimiento de la estabilidad económica, el PT y aliados defienden un control externo que pueda alinear las decisiones de la autoridad monetaria con los intereses sociales y políticos electos por el país. Este enfrentamiento revela tensiones profundas sobre el equilibrio entre la independencia técnica y la responsabilidad política.
En general, la PEC 65/2023 genera expectativa y controversia en el Congreso Nacional, ya que su encaminamiento tiene potencial para alterar la estructura operacional del Banco Central de forma significativa. La conclusión del proceso aún depende de la votación en el Senado, que debe ocurrir en las próximas semanas. Además, el proyecto propuesto por el PT continúa en discusión, apuntando a un Legislativo dividido respecto a la dirección de la política monetaria brasileña.