El empresario Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, fue detenido por la Policía Federal (PF) el 4 de marzo de 2026, en la tercera fase de la Operación Compliance Zero. La acción contó con autorización del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça y forma parte de las investigaciones que involucran al banco.
Vorcaro ya había sido arrestado anteriormente el 17 de noviembre de 2025, cuando intentaba embarcar hacia Dubái. Desde entonces, está bajo intensa vigilancia de la PF, que descubrió que participó en una reunión sin registro oficial en el Palacio del Planalto el 4 de diciembre de 2023, junto con Lucas Prado Kallas.
Además de la reunión no formalizada, Vorcaro accedió al Palacio del Planalto otras cuatro veces entre diciembre de 2023 y 2024, todas sin ninguna agenda pública divulgada. Entre esas visitas, destaca el encuentro del padre de Daniel, Henrique Vorcaro, con autoridades en el mismo lugar el 6 de noviembre de 2024.
El empresario también estuvo en el Palacio el 1 de marzo y el 3 de abril de 2024, nuevamente sin registros oficiales de las entradas. En el acceso del 3 de abril, el líder del gobierno en el Senado, Jaques Wagner, también ingresó al Planalto sin que esto haya sido declarado oficialmente, según apuntan las investigaciones.
Vorcaro cuenta con la representación de la abogada Viviane Barci de Moraes en una consultoría jurídica valorada en 129 millones de reales. Ella es esposa del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, y desde febrero de 2026 también defiende a Lucas Prado Kallas, involucrado en las investigaciones.
Mensajes encontrados en el celular de Daniel Vorcaro indican su vínculo con trámites que involucran al ministro Dias Toffoli, también del STF. El material forma parte del conjunto de pruebas que fundamentan los desarrollos de la operación.
Perfil, Actividades y Conexiones de Lucas Prado Kallas
Lucas Prado Kallas es empresario en el sector de minería y mantiene sociedad con Daniel Vorcaro en diversas empresas. Sin embargo, figura en al menos cuatro operaciones policiales, tanto federales como estatales, relacionadas con la extracción mineral de forma irregular, con desenlaces que involucran daños ambientales y sospechas de fraudes en contratos públicos. Estas investigaciones ocurrieron en diferentes estados y ganaron repercusión nacional.
Kallas también fue citado en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analizó el desastre de la represa de Vale en Brumadinho, debido a vínculos cercanos a las actividades de monitoreo de la estructura. Además, circulan informaciones sobre una inversión estimada en 50 millones de dólares, aplicada en consultorías y servicios ligados al sector petrolero en Venezuela, dato que Kallas niega. En general, este caso llamó la atención por involucrar operaciones financieras que cruzan fronteras.
Un aspecto relevante son los viajes de Lucas Kallas al extranjero. Él y Daniel Vorcaro estuvieron en Caracas entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, periodo en que se registró el pago de 23 mil dólares por dos suites de hotel, según mensajes electrónicos incautados por las autoridades. Posteriormente, Vorcaro dejó de hacer conexiones directas con negocios en el país tras el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela en abril de 2024, pero Kallas siguió realizando viajes al destino, con vuelos oficiales registrados en junio de 2024 y enero de 2025.
La aeronave PP-COA, cuyo registro está vinculado a la empresa Cedro Air S.A., fue usada por Kallas en trayectos hacia Venezuela y Miami, lugar donde habría permanecido desde noviembre de 2025, evitando Brasil ante el avance de las investigaciones de la Policía Federal (PF). Por otro lado, documentos oficiales confirman que tuvo al menos siete accesos al Palacio del Planalto entre 2023 y 2024, a pesar de que las reuniones no constan en la agenda pública. Entre esos contactos destacan encuentros con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y algunos ministros.
En cuanto a los procesos judiciales, tramitan investigaciones contra Kallas relacionadas con la explotación ilegal de minerales en el Tribunal Regional Federal de la 6ª Región (TRF-6) y en el Supremo Tribunal Federal (STF). Una de ellas, bajo la relatoría del ministro Dias Toffoli, está bajo sigilo extremo desde diciembre de 2025. Por lo tanto, el avance de las pesquisas permanece confidencial y bajo estricto monitoreo de las autoridades.
