Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, afirmó que la aprobación del CLARITY Act puede ocurrir hasta finales de mayo de 2026. El proyecto de ley busca establecer criterios claros para diferenciar activos digitales entre títulos y materias primas, trayendo mayor seguridad jurídica al sector.
En el evento FII Priority, Garlinghouse destacó que la adopción de stablecoins será inevitable tan pronto como la regulación entre en vigor. Recientemente, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) clasificaron dieciséis activos digitales como materias primas, decisión que precedió la declaración del ejecutivo en nueve días.
El CLARITY Act surge tras la aprobación del GENIUS Act el verano pasado, que impulsó el interés de empresas en la adopción de stablecoins. Consecuentemente, CEOs y CFOs de compañías listadas en la Fortune 2000 comenzaron a considerar estas monedas digitales para operaciones financieras, ampliando el mercado de las criptomonedas corporativas.
Garlinghouse también explicó que visitó Washington dos días antes de la entrevista para seguir de cerca las discusiones sobre el avance del proyecto. Según él, los retrasos en la aprobación fueron motivados por debates acerca de las reglas que involucran los rendimientos ligados a las stablecoins.
Además de Ripple, que lanzó su stablecoin RLUSD, otras empresas e instituciones financieras discuten modelos regulatorios para recompensas y yields de estas monedas. Ripple se posiciona como una infraestructura de pagos, a diferencia de estas propuestas orientadas a la generación de rendimientos para usuarios finales.
En términos más amplios, la regulación que el CLARITY Act pretende implementar puede definir los rumbos del mercado de criptoactivos en Estados Unidos. Líderes del sector tradicional, como Larry Fink, CEO de BlackRock, ya indican que la tokenización completa de los activos será una realidad para 2030, expectativa similar a la de pagos basados íntegramente en stablecoins.
Por último, Garlinghouse resaltó que impactos relevantes en el segmento tienden a percibirse en horizontes más largos, especialmente en la próxima década, y no solo en el corto plazo. De esta forma, la aprobación del CLARITY Act adquiere importancia como hito para la consolidación del entorno regulatorio cripto estadounidense.
Contexto y avances recientes en la legislación de criptomonedas en EE. UU.
La actual administración de Estados Unidos ha promovido progresos en la regulación de los criptoactivos, marcando un cambio con respecto al gobierno anterior. Esta nueva postura facilita la actuación coordinada entre la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), demostrando un esfuerzo conjunto para clarificar el entorno regulatorio.
El CLARITY Act, proyecto de ley en discusión, busca establecer definiciones claras para el mercado de monedas estables, como las stablecoins, y otros tokens digitales. De esta forma, el texto legislativo pretende responder a las principales dudas sobre la naturaleza de estos activos y su supervisión, lo que, a su vez, influye directamente en la operación financiera y la seguridad del sector.
Además, el debate en torno al CLARITY Act reflejó preocupaciones expresadas por bancos tradicionales sobre los rendimientos ofrecidos por stablecoins, tema que ganó prominencia en el Congreso. Por otro lado, Ripple adoptó una postura neutral en este punto, concentrando sus esfuerzos en el desarrollo de infraestructura para pagos digitales, destacando su stablecoin RLUSD como parte de esta actuación.
Según Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, la lentitud de los legisladores en el proceso ya cede espacio a un consenso inminente, señalando que la aprobación de la ley puede ocurrir hasta mayo. Esto ocurre porque el cansancio y la creciente urgencia en regular el sector han impulsado las negociaciones para la formalización del CLARITY Act.
De modo general, el mercado de criptomonedas espera que esta legislación proporcione un entorno más sólido para la expansión del sector a lo largo de 2026. Con la claridad regulatoria, se espera que inversores y empresas puedan operar con mayor seguridad jurídica, lo que debería estimular nuevas inversiones e innovaciones en el país.
